Algo que escribí hace mucho tiempo...

"El bueno, el malo y los entes reguladores: ¿Cómo superar la brecha en infraestructura?"

La libertad de comercio se basa indefectiblemente en el principio de especialidad, según el cual uno debe producir sólo lo que hace de manera más eficiente. Es decir, si el costo de oportunidad de la empresa X para crear el producto B, es menor al de crear el producto A, siendo así X la única capaz de ofrecer un servicio eficiente para B, entonces X, y sólo X, deberá producirlo, ya que así, al ser demasiado oneroso para alguna otra empresa W entrar al mercado a competir eficientemente, menos recursos se desperdiciarán y más gente ganará. En este mercado hipotético, dada la ausencia de un competidor W eficiente, X poseería el monopolio del bien B.

A pesar de que el libre mercado plantea la libre competencia, se muestra tolerante ante este fenómeno, en tanto parte de la hipótesis de que el mismo monopolio carga consigo la semilla de su propia destrucción, puesto que, a falta de competencia, la calidad del producto decae y otro entra a ocupar la parte del mercado que el monopolista deja escapar por su ineficiencia.

Empero, existen algunos casos en los que por más ineficiente que sea la prestación del servicio, nadie más podrá entrar a competir, al ser demasiado onerosa la cuota de ingreso como para poder entrar al mercado en igualdad de condiciones. Es el caso de los monopolios naturales (luz, agua, etc.), que son controlados por el Estado a través de los entes reguladores, evitando así que el prestador del servicio abuse de su condición.

Sin embargo, la tarea del regulador no termina allí; éste debe encargarse de que el servicio llegue a la mayor cantidad de personas posible, siendo así que su principal misión es reducir la brecha en infraestructura que hoy en día existe en la mayoría de sectores.

¿Qué sucede entonces con la SUNASS? A pesar de tener como principal objetivo la reducción de la brecha, en el sector saneamiento, ésta es enorme. Hay miles de peruanos que no tienen acceso al agua potable ni al sistema de alcantarillado. Es una situación absurda para los estándares de vida en los que vivimos en pleno siglo XXI.

¿Cómo enfrentar este problema? Existe pues una regla básica muy conocida por los entes reguladores: “cuanto más privatizado es un sector, menor es la brecha en infraestructura”.

Sucede que cuando un ente regulador realiza sus funciones de una manera adecuada y responsable, la empresa privada encargada de la prestación del servicio ya no puede abusar de su condición de monopolio, por lo que estará interesada en que más personas se conviertan en consumidores para así obtener mayores ingresos, lo cual se traduce en una reducción en la brecha.

En cambio, por ejemplo, en el caso de SEDAPAL, donde la prestación del servicio la brinda el Estado, la brecha en infraestructura es inmensa, causando que miles de limeños no tengan acceso a los servicios de saneamiento.

La prueba tajante de que en la privatización está la solución es Tumbes, en donde, a diferencia del resto del país, la brecha en saneamiento es mínima, siendo curiosamente esta región la única que cuenta con un servicio de saneamiento privatizado.

Empero, si es tan simple, ¿por qué existe una brecha en infraestructura? Aquí es donde la respuesta se vuelve un tanto más complicada y deja de ser económica para convertirse en socio-política.

La decisión de privatizar SEDAPAL es considerada tabú por nuestros políticos porque la población en general no ha interiorizado esta idea de que la empresa regulada es “buena” y que no es un monstruo que viene a “arrebatarle sus recursos”.

Basta con recordar los graves incidentes que ocurrieron en Arequipa cuando se intentó privatizar las empresas eléctricas. La ganancia perdida por esa privatización fallida la hemos asumido todos y es una cruz que un país con una economía en desarrollo como el nuestro no debería cargar. Sin embargo, dichas revueltas fueron vistas como un triunfo del pueblo sobre el empresario y sobre el Estado corrupto que pretendían robarle su luz.

Pero, por otro lado, privatizarlo todo tampoco es la solución. Si bien la experiencia inglesa indica que muchos de los servicios que creíamos no se podían privatizar, en realidad sí pueden serlo, la privatización a ultranza ya colinda con la peligrosa creencia anarco-capitalista de que el mundo postmoderno puede autorregularse sin necesidad de un Estado, bastando así que la empresa privada sea la que tenga el control de las instituciones que hoy maneja el Estado.

Creo pues que es necesario un mínimo de intervención estatal para poder controlar las tentaciones que los monopolios naturales y el libre mercado plantean a los privados.

Así, terminamos sosteniendo que la privatización es deseable como método para vencer la brecha en infraestructura existente, pero que no debe abusarse de ella, ya que podríamos caer en el romanticismo capitalista de la anarquía, por más incompatibles que ambos términos parezcan.